El titular venezolano aseguró que la petrolera estadounidense ExxonMobil «hace el lobby para que sancionen a Chevron», empresa esta última que lleva más de cien años trabajando en Venezuela y a la que en fecha reciente la Administración Trump le revocó la licencia para continuar operaciones en la nación sudamericana.

El también Ministro del Interior, Justicia y Paz abordó el tema durante el programa radial «Sin Truco ni Maña», que hace de conjunto con la diputada Tania Díaz. Denunció que la ExxonMobil paga, además, «el lobby para la campaña contra Venezuela en el mundo», mientras roba recursos petroleros en áreas por delimitar en torno a la Guayana Esequiba, territorio que históricamente ha pertenecido a Venezuela.

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Explicó que en estos momentos el consorcio corre a cargo de financiamientos que antes recaían en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través de los cuales se promovió la desestabilización política y actos violentos como las guarimbas, con la intención de derrocar al Gobierno Bolivariano, empoderar a autoridades alineadas con el imperialismo y tomar el control de recursos como petróleo, gas, oro, minerales estratégicos, agua y otros.

Enfatizó que la ExxonMobil paga lo que antes financiaba la USAID y los sueldos que fluyeron hacia operadores políticos subordinados a la derecha y el imperialismo.

Cabello reveló que la referida empresa «está pagando, además, la movilización de un mercenario como Erik Prince» (fundador de la empresa de mercenarios Blackwater), a quien en el pasado se denunció por sus vínculos con agresiones contra Venezuela y por incitar abiertamente al asesinato del presidente Nicolás Maduro y otros líderes de la Revolución Bolivariana.

Se trata del mismo mercenario «que fue a Ecuador a montar campamentos de formación de mercenarios y terroristas», acotó Cabello.

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Recalcó que las autoridades de los EE.UU. saben que tienen en su territorio a un terrorista y mercenario «y no hace nada», y rechazó nuevamente las acusaciones contra los migrantes venezolanos a quienes Washington señala injustamente como miembros de la banda criminal apodada «El Tren de Aragua».

Días atrás, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez presentó públicamente un documento que ilustra el lobby que realiza la ExxonMobil contra licenciatarias petroleras en Venezuela.

«ExxonMobil pagó para que sacaran a Chevron del país», acusó Rodríguez, quien aseveró que ese documento fue elaborado para presionar a la Administración Trump a imponer más medidas restrictivas unilaterales a Venezuela, desestabilizarlo y provocar un cambio de Gobierno.

De acuerdo con la vicemandataria, el imperialismo complementaría esta estrategia con la generación de mayor presión política interna y la promoción de intentos de golpes de Estado, planes de magnicidio y acciones para socavar la integridad territorial de Venezuela. Por ello, responsabilizó al consorcio con cualquier suceso que ocurra a las autoridades venezolanas.

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Rodríguez denunció que en el año 2017 la ExxonMobil «pagó al gobierno de Guyana la cifra de 18 millones de dólares para que sobornara a un grupo de abogados que estarían en la CIJ (Corte Internacional de Justicia) y ante los buenos oficios que se estarían dando en la ONU» respecto a la Guayana Esequiba, territorio del que quieren despojar a Venezuela.

Durante esa comparecencia, Delcy explicó que Guyana actuó de mala fe y llevó el diferendo territorial sobre el Esequibo ante la CIJ, que Venezuela no reconoce, cuando dicha controversia ha de dirimirse a través del Acuerdo de Ginebra.

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